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La banca debe más de 30 millones de euros a las comunidades de vecinos de madrid

Fuente: El Confidencial – 20/06/2013

No es una situación nueva. Que un vecino no pague las cuotas de la comunidad porque no puede o, simplemente, porque no quiere, es tan antiguo como la propiedad horizontal.

Sin embargo, con una crisis que dura ya más de un lustro, la situación ha comenzado a ser alarmante, especialmente con la entrada en escena de las entidades financieras que, sólo en Madrid, deben a las comunidades de propietarios 34 millones de euros, el 15% de una deuda total de 229 millones de euros. Son datos del Programa de Lucha Contra la Morosidad en Comunidades de Propietarios (PLCMCP) puesto en marcha hace un año por los Administradores de Fincas de la Comunidad de Madrid. Sus cifras revelan también que de los 5.000 procedimientos judiciales iniciados contra los vecinos morosos, entre un 15% y un 20% también son contra entidades financieras.

Los Administradores de Fincas de Madrid calculan que un banco puede tardar entre 8 y 10 meses en pagar la cuota de la comunidad y que el procedimiento judicial para reclamar las deudas puede alargarse hasta dos años. Además, lo que muchos propietarios ignoran es que cuando el banco se adjudica una vivienda no está solamente está obligado a hacer frente a las cuotas adeudadas del año en curso y del anterior, pero no las de ejercicios anteriores. “Los bancos no entienden de sensibilidad, sólo de cuentas de resultados”, apunta Miguel Ángel Muñoz Flores, presidente del Colegio Profesional de los Administradores de Fincas de Madrid (CAF Madrid).

Es decir, la comunidad de vecinos tiene que reclamar al ejecutado las cantidades adeudadas. Una situación que está provocando que muchas de estas deudas “se hayan perdido por el camino. Esa comunidad de propietarios no va a cobrar de ninguna de las maneras si encima esa familia ha sido desahuciada”, añade.

Una situación que puede explicar la fuerte reducción de la mora experimentada por las comunidades de propietarios de la Comunidad de Madrid durante 2012 al pasar de 375 a 229 millones de euros (-40%).

Sin embargo, existen herramientas legales que pueden conseguir que sea la entidad financiera la que asuma dichas deudas, no el desahuciado. Es lo que en terminología jurídica se denomina la demanda de tercería de mejor derecho. “Cuando el administrador de fincas colegiado y adscrito al Programa de Lucha Contra la Morosidad conoce la existencia de un procedimiento de ejecución en marcha debe iniciar un procedimiento de reclamación de la deuda paralelo que irá contra el ejecutado y el ejecutante y que impedirá que se extingan las deudas en curso y del año anterior”, explica Ignacio de San Juan Delgado, director general del PLCM. 

De momento se trata de una prueba piloto. “Hemos conseguido un resultado positivo en dos casos y tenemos otros cinco en marcha, pero es un gran paso hacia adelante”, explica.

Herramientas legales para cobrar deudas pasadas

En uno de estos casos favorables, la comunidad de propietarios consiguió que la entidad financiera abonara 19.500 euros, cantidad que le adeudaba en concepto de gastos comunitarios el propietario del inmueble que constituyó la garantía hipotecaria objeto del procedimiento de ejecución. “La acción se ejercitó porque la comunidad tuvo conocimiento del procedimiento ejecutivo y trasladó está circunstancia al PLCM quien ejercitó la acción fundamentada en el artículo 9.5 de la Ley de Propiedad Horizontal”, añade San Juan Delgado. En este caso, la entidad financiera no sólo tuvo que pagar lo adeudado sino que tuvo hacer frente a las costas judiciales. 

Recuperar las partes adeudadas supone un gran salto para las comunidades de vecinos. No en vano, tal y como señala Miguel Ángel Muñoz, “no estamos en igualdad de condiciones frente a los bancos. Una comunidad de propietarios pequeña no tiene las armas legales ni económicas suficientes para recuperar el dinero que se nos adeuda, a lo que se suma la lentitud de la justicia. Necesitamos herramientas jurídicas rápidas. La justicia lenta no es justicia”.

Muchas comunidades de vecinos se encuentran entre la espada en la pared. Cuando el banco se adjudicarse una vivienda procedente de una ejecución hipotecaria el resto de vecinos puede intentar asumir la cuota de la comunidad de la vivienda ejecutada si no quiere ver interrumpidos servicios tan básicos como la luz o el agua. Sin embargo, cuando se trata de un edificio entero de una promotora, “esto resulta imposible cuando solamente están habitados en un 20%. Las cifras en estos casos se disparan y son inasumibles por el resto de vecinos”, explica Muñoz Flores. 

“Nosotros no nos preguntamos si actúa así por buena o mala fe. No creemos que sea esa la cuestión. Los bancos son morosos solventes y simplemente no pagan porque no es su protocolo de actuación”, concluye. 

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