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EMSV vende las viviendas sociales de Madrid a fondos de inversión privados

Fuente: El Confidencial . 28-02-2013.

La oferta está ya encima de la mesa. El jueves de la semana pasada, el Ayuntamiento de Madrid recibió la propuesta de varios fondos de inversión para comprar 18 edificios de viviendas de protección oficial (VPO) gestionados por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), según confirman fuentes del proceso. Sin concurso público mediante, pues no son bienes patrimoniales municipales, y tras un primer intento fallido, la alcaldesa Ana Botella pretende hacer caja con el negocio inmobiliario impulsado desde el consistorio.

La operación en ciernes asciende a cerca de 150 millones de euros, aunque los fondos de inversión sólo asumirán un desembolso aproximado de 30-40 millones, dinero que recaudarán las arcas municipales, mientras que el resto del importe forma parte de la subrogación de la carga financiera que tiene la cartera de edificios de VPO que se ha puesto a la venta. Antes de que se formalice la transacción, los inquilinos pueden ejercer el derecho preferente para comprar la vivienda que disfrutan en régimen de alquiler social.

Consultado por este diario, el Ayuntamiento de Madrid ha decidido guardar silencio y no hacer valoración alguna sobre esta información, a pesar de tratarse de una empresa pública. De hecho, la EMVS es el brazo encargado de promover desde hace más de 30 años el acceso a la vivienda de los sectores con mayores dificultades, además de conceder ayudas para la rehabilitación y favorecer los realojos sociales. Al cierre de 2012, el consistorio regido por Ana Botella tuteló un total de 17.000 viviendas en alquiler, a un precio medio de 685 euros.

Los planes de la alcaldesa madrileña, conocidos desde el pasado mes de diciembre, han sembrado de tensión el Ayuntamiento, donde el PSOE se ha hecho eco ya de las quejas de los vecinos afectados. A pesar de la opción preferente de compra, los inquilinos afectados por los planes de Botella alegan que los precios ofrecidos por la EMVS, que oscilan entre 100.00 y 220.000 euros, representan cantidades inasumibles para contribuyentes que han tenido que recurrir a un programa de ayudas sociales para tener acceso a la vivienda.

También la Comunidad de Madrid

Otra de las operaciones similares en curso es la puesta en marcha por la Comunidad de Madrid. El consejero Pablo Cavero, responsable de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, ha encargado un cuaderno de venta para desprenderse de los inmuebles del Instituto de la Vivienda (IVIMA), organismo dirigido por Juan Van-Halen (en la foto) que gestiona un parque de 23.000 viviendas sociales en alquiler. La operación permitirá generar ingresos que alivien las arcas regionales, que el pasado enero emitieron 2.270 millones de euros en bonos a cinco años para cubrir las necesidades de caja del año.

El proceso entrará en marcha después de que concluya el plazo ofrecido para que los inquilinos que llevaban tiempo viviendo en los pisos -y que, según todos los informes sociales y económicos del IVIMA, podrían estar interesados en pasar a ser propietarios-, afronten la compra de sus viviendas. En este sentido, según los datos oficiales disponibles, se han ofrecido un total de 9.155 viviendas para las que “se firmó un convenio con entidades financieras para que ofreciesen condiciones ventajosas a los posibles compradores”.

Originalmente, el plazo expiró el pasado 31 de diciembre de 2012, pero ante el interés mostrado por muchas familias (más de 2.300) que no han llegado a materializar la compra por diversas razones, el periodo se ha prorrogado otros seis meses, hasta el mes de junio, para facilitar las gestiones de compra-venta. Una vez concluido este derecho preferente de compra, la Comunidad de Madrid tiene previsto vender el resto de viviendas, de manera que la gestión de los inmuebles y el cobro a los inquilinos corra a cuenta de los nuevos propietarios.

Estas operaciones retoman el interés de las Administraciones Públicas por liberar recursos mediante la venta de activos inmobiliarios. Durante meses, el formato barajado fue la modalidad de venta y posterior alquiler (sale & lease back) de los edificios en uso, aunque no llegó a ejecutarse ninguna gran operación, como por ejemplo ocurrió en Cataluña y Andalucía, ante las diferencias de precio existentes, condicionadas por el riesgo de impago y las dudas sobre el euro. Ahora, más que hace caja toca sobre todo reducir estructura administrativa.

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